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El escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos. En esta ocasión, el foco recae en el pedido realizado por la esposa del funcionario para adherir al régimen de inocencia fiscal, que le permitiría evitar explicar el origen de sus bienes.
El diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, comparó esta situación con la del empresario Lázaro Báez, símbolo de la corrupción durante el kirchnerismo, y afirmó que las personas políticamente expuestas no deberían acceder a este beneficio.
“No hay peor ciego que el que no quiere ver, porque estamos frente a un gran dibujo y mentira. Que no tomen por estúpida a la sociedad, que no la subestimen”, declaró Ferraro en referencia al pedido presentado el 31 de mayo por Bettina Angeletti de adherir al régimen de inocencia fiscal.
En una entrevista con Radio Rivadavia, Ferraro señaló que la ley de inocencia fiscal y el régimen simplificado “son leyes con nombre y apellido, que ya beneficiaron a un personaje como Lázaro Báez, vinculado al latrocinio y la corrupción kirchnerista”. Agregó que ahora ese beneficio podría estar favoreciendo a la esposa de Adorni para encubrir irregularidades y advirtió que, aunque se había planteado excluir a los políticamente expuestos, como los funcionarios públicos, esa recomendación no fue tenida en cuenta, lo que aumentaría el riesgo de un posible lavado de dinero.
Ferraro definió a Adorni como “un salvavidas de plomo” y cuestionó que el presidente Javier Milei haya decidido mantenerlo en el cargo. También mencionó la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, que indaga presuntas irregularidades vinculadas a enriquecimiento ilícito y posible evasión fiscal, entre ellas el pago de 65.000 dólares «por debajo de la mesa» por una propiedad en Caballito adquirida con un valor 40% menor al mercado y con condiciones crediticias dudosas.
“Da mucha lástima y bronca porque hay un gran sector de la sociedad que acompañó a este gobierno y de alguna manera le renovó la confianza en las elecciones legislativas, y estamos viendo las mismas prácticas o muy parecidas a las que tuvo el kirchnerismo”, criticó Ferraro.
El diputado también denunció la existencia de “leyes con nombre y apellido para encubrir”, así como jueces “al servicio del poder o frenados por el poder”, en referencia a la jueza Verónica Michelli.
Ferraro fue más allá y sostuvo que “Argentina está totalmente rota porque tiene a un jefe de Gabinete que dice ser evasor”. Cuestionó que Adorni no haya declarado sus cuentas en criptomonedas en su declaración jurada inicial ni en las siguientes y reclamó que “no podemos naturalizar ni dejar pasar por alto que, después de ganar tiempo para hacer un gran dibujo y mentir, el jefe de Gabinete le diga a la sociedad en su cara que él es un evasor”.
Finalmente, el legislador afirmó que “estamos ante una banda desesperada por el dinero que, en muchos lugares sensibles del Estado, se dividieron los negocios”, aludiendo a distintas licitaciones durante la gestión libertaria.
En línea con estas críticas, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto en el Congreso para excluir a funcionarios de todos los poderes del Estado y a sus familiares directos desde dos años antes de asumir, del régimen de inocencia fiscal. Paulón sostuvo que “el régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven fondos obtenidos mediante delitos contra la administración pública” y advirtió: “No más Betinas ni Manueles”.
La iniciativa, que modifica el artículo 38 de la ley 27.799, establece que quedan excluidos del beneficio además de los funcionarios públicos, sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, tanto por consanguinidad como por afinidad, y colaterales en segundo grado, también por consanguinidad o afinidad.
